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No importa qué diga la Constitución Política, el obtuso juicio gubernamental sobre el crecimiento económico del país, a costa de la explotación improvisada y desordenada de los recursos naturales no renovables, desconoce el contenido normativo y núcleo esencial del principio de desarrollo sostenible establecido en el artículo 80 Superior.

Contrario a lo que se hace creer a la opinión pública, el crecimiento económico no implica, ni que haya desarrollo, ni que haya sostenibilidad, según lo afirma el economista ecológico estadounidense y profesor de la Escuela de Política Pública de la Universidad de Maryland de EE. UU, Herman Daly, “una economía puede crecer sin desarrollarse o desarrollarse sin crecer o hacer ambas cosas, o ninguna. Puesto que la economía humana es un subsistema de un ecosistema global finito que no crece, aunque se desarrolle, está claro que el crecimiento de la economía no puede ser sostenible en un período largo de tiempo. El término crecimiento sostenible debe rechazarse como un mal acuerdo. El término desarrollo sostenible es mucho más adecuado”.

El crecimiento económico implica expansión física y/o cuantitativa, lo que en el tiempo resulta insostenible sino se adoptan mecanismos de planificación y límites, principalmente porque los recursos naturales son finitos, mientras que el desarrollo sostenible busca la mejora cualitativa de las potencialidades esto es, un avance progresivo en las condiciones ambientales, sociales y económicas para el presente y el futuro. La expansión de las actividades de extracción de minerales e hidrocarburos y su relación directamente proporcional al aumento de las manifestaciones de inconformidad por razones sociales y ambientales, evidencia un modelo de crecimiento ilimitado no de desarrollo sostenible.

Lo anterior, acentuado por la inexistencia de resultados palpables en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, o el manejo adecuado de las actividades de alto impacto sobre el ambiente derivados de las políticas de aprovechamiento de recursos naturales no renovables.

Los recientes fallos de la Corte Constitucional en relación con la explotación de hidrocarburos o minería develan la imposición de hecho de un modelo de progreso diferente al establecido en la Constitución, tal y como sucedió con los páramos, caso en el cual el Alto Tribunal exhortó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a establecer medidas efectivas para su protección (Sentencia C-036 de 2016) dadas las pretensiones inconstitucionales incluidas en el Plan de Desarrollo Nacional de permitir explotación minera y resguardar supuestos derechos adquiridos (Art. 173, Ley 1753 de 2015). No hay equilibrio entre los factores sociales, ambientales y económicos y tampoco se ve una política estatal consistente para que eso suceda.

Un real desarrollo sostenible debería girar alrededor del control, vigilancia y eficiencia de las actividades económicas ya existentes y la planeación informada y responsable de las que se consideren importantes a futuro, siempre y cuando la primarización de la economía deje de ser la única opción rentable y se involucre a las comunidades campesinas e indígenas en estos objetivos. La sostenibilidad del modelo debe darse a la vera del reconocimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y políticos de los habitantes presentes y futuros.

Adicionalmente, la falacia argumentativa según la cual la jurisdicción del suelo es del municipio y la del subsuelo de la Nación -entendida ésta como el gobierno central- solo termina por agudizar los conflictos porque se anula la participación social en las decisiones que irremediablemente van a terminar por afectar los planes de vida de las comunidades. Muestra de ello es la renuencia del legislativo y del ejecutivo en establecer mecanismos eficaces que tomen en cuenta las preocupaciones de los municipios y las comunidades en relación con las actividades de extracción de minerales, hidrocarburos, generación de energía, entre otros.

El modelo unitario y descentralizado busca una participación más cercana de las comunidades para que, por ejemplo, Piedras, Tolima e Ibagué, puedan decidir cómo quieren que sea el desarrollo de su territorio, o que la desviación de los muy escasos cuerpos de agua en la Guajira no fueran una opción por el impacto en las personas y los ecosistemas de los cuales difícilmente se abastecen y, básicamente, que dejen de ser tratados con desprecio y soberbia burocrática por la omnisapiencia central.

Y cuando la expresión popular municipal ha empezado a empoderarse gracias a mecanismos democráticos como la consulta popular, que finalmente recibió el espaldarazo de los jueces, el gobierno central vuelve a poner a consideración la centralización de la autonomía de las decisiones regionales de las CAR para que queden subordinadas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, lo que se ha intentado por años y sin éxito para fortuna de los colombianos, sino otra sería la historia del bloque petrolero que amenazaba cuatro parques y tres Distritos de Manejo Integrado de una zona estratégica como la Macarena.

El Estado colombiano es unitario y descentralizado con todas las complejidades que eso apareja. Le guste o no a los gobernantes esas son normas de superior jerarquía y son ellos, como servidores públicos, los primeros llamados a cumplirlas y a hacerlas cumplir. El crecimiento económico ni es un modelo de desarrollo sostenible ni una alternativa constitucional a éste. El principal objetivo del gobierno es satisfacer el interés general lo que no es posible si solamente se apuesta a expandir las empresas y los réditos económicos –rentas bastante cuestionables en términos de eficacia tributaria-. El equilibrio entre el progreso de la economía nacional, el ambiente y la sociedad solo es posible en el marco de instancias institucionales adecuadas que ofrezcan información suficiente, clara y precisa sobre los proyectos con lo cual las comunidades puedan ejercer de manera efectiva su derecho fundamental a la participación.

La licencia ambiental por su parte está tan desprestigiada como el actual Director de la ANLA. Una institución que se concibió como uno de los principales logros de las declaraciones de Estocolmo (1972) y Río de Janeiro (1992) como es la del Estudio de Impacto Ambiental se ha reducido a un trámite carente de análisis serio, y sometido a decisiones políticas y no técnicas. Sobre esto valga mencionar que se han realizado múltiples y sucesivas modificaciones de los decretos reglamentarios que regulan la licencia con lo cual el límite entre impacto y daño ambiental cambia conforme cambian los intereses en el poder.

Por último, un análisis que seguramente prendería las alarmas en el país y que el SINA está en mora de afrontar es el relacionado con las siguientes preguntas: ¿cuantas licencias ambientales otorgadas para estas actividades de extracción de recursos naturales no renovables cumplen al 100% sus obligaciones? ¿Cuáles son las cifras de comunidades conformes con los proyectos? ¿Cuál es el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas actuales en relación con el inicio del impulso de las mal llamadas “locomotoras del desarrollo”? ¿Cuáles son los ajustes que propone el gobierno central en relación con la protección de los derechos humanos frente a las empresas que realizan actividades extractivas según lo dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH? En las actuales condiciones no hay un desarrollo sostenible posible. Ni presentes ni futuras generaciones satisfacen o satisfarán sus necesidades.

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