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Alcaldes de 4 municipios de Córdoba y Sucre, Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales de ambos departamentos, manifestaron públicamente su desacuerdo con la licencia otorgada por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Río Sinú y del San Jorge, CVS, para la construcción de un puerto multipropósito de cargue de carbón y granos ubicado en el Distrito de Manejo Integrado de Cispatá.

Los alcaldes de Lorica, San Antero y San Bernardo del Viento en el departamento de Córdoba y el alcalde del municipio de Coveñas en el departamento de Sucre, hicieron un llamado a través de un comunicado a la opinión pública,a las instituciones administrativas y de control, así como a la Defensoría del Pueblo para que propendan por la conservación del Distrito de Manejo Integrado de Cispatá.

En medio de la polémica que ha desatado la noticia de la construcción del Puerto ‘Graneles del Golfo’ que hoy espera ser concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a 20 años a la Sociedad Portuaria del mismo nombre, las comunidades y alcaldes manifestaron que al otorgar la licencia, la CVS “desconoció el principio de precaución que prima sobre todos los ecosistemas naturales en especial sobre las áreas declaradas en categorías de conservación por la misma corporación, poniendo en riesgo con la licencia al ecosistema y a las comunidades que obtienen su sustento sostenible de la riqueza de la zona” destacó el comunicado.

Las opiniones en torno a la licencia otorgada en el 2014 y que salió a la luz pública por denuncias de las comunidades a Natural Radio, están repartidas.

Mientras el Presidente de la Cámara de Comercio de Montería, Félix Manzur, aseguró que “es necesario proteger el ecosistema de manglar de la Bahía de Cispatá”, considera igualmente que “Córdoba necesita el puerto que traería beneficios económicos, que podría generar con zonas francas y anexas más de 10 mil empleos directos e indirectos”.

Por su parte, las comunidades consideran que la licencia otorgada por la CVS desconoce los impactos negativos sobre el futuro de la región cordobesa y sucreña en términos ecológicos, sociales y culturales y contraviene el objeto de ordenamiento ambiental que durante los últimos 20 años comunidades junto a instituciones han liderado en esta parte del caribe colombiano para garantizar la sostenibilidad ambiental de la región.

Cabe destacar que en rueda de prensa el Presidente de la Cámara de comercio desconoció la importancia ambiental de la zona afirmando que, “en cuanto a la franja manglarica, jamás ha sido protegida, basta dar una vuelta por esa zona y se darán cuenta de la depredación de décadas y centurias, es una cuestión depredada, destruida que toca a la CVS y a organismos nacionales e internacionales proteger”, desconociendo inexplicablemente, que más de 27 mil hectáreas fueron declaradas como Distrito de Manejo Integrado y ordenadas por la misma CVS y el INVEMAR en el año 2008, con el fin de darle a las comunidades la posibilidad de hacer un uso sostenible sobre un área de ecosistemas estratégicos para el caribe y la región, que hoy cuentan con más del 99% de los manglares de Córdoba y según la investigadora y científica Sandra Vilardy es considerada el área de manglar en mejor estado del país.

Mientras el debate sigue en aumento a nivel nacional y regional, la CVS, en comunicado de prensa, afirmó que analizará y evaluará todas las observaciones realizadas por las comunidades y los medios y enfatiza sobre las 87 obligaciones que en la licencia ambiental le impusieron a la sociedad portuaria ‘Graneles del Golfo’ para garantizar la protección y conservación de los ecosistemas de manglar, marinos, terrestres, recurso hídrico, pesquero, fauna y flora de esta importante región.

Sin embargo, la comunicación no aclara a la opinión pública, cómo la entidad a pesar de haber evaluado la solicitud y el estudio de impacto ambiental para el desarrollo de un puerto multipropósito durante más de tres años, no tuvo en cuenta el plan de manejo del DMI de Cispatá en el que están prohibidas en todas las zonas del Distrito el desarrollo de actividades de infraestructura como puertos y deja claro en la licencia, que usará 7 hectáreas y la obra se establecerá sobre las zonas de conservación del Distrito.

Sólo queda esperar la evaluación final que hará la ANI para determinar si se concesiona a 20 años un puerto que según expertos jurídicos ambientales, viola el derecho de las comunidades a la consulta y pasa por encima de la declaración de un área de reserva regional zonificada y ordenada para el desarrollo de actividades sostenibles en las que no cabe un puerto de la misma manera que en los tres distritos de manejo integrado en la región de la Macarena, no se permite la explotación de hidrocarburos.

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