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La Corte Constitucional ha manifestado una y otra vez que el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos, son “expresiones artísticas del ser humano” (Sentencias C-666/10 y T-296/13). Sin embargo, a pesar del ejercicio metodológico y argumentativo de los fallos, queda un tufillo, una sensación de injusticia detrás de la defensa de la legalidad que se pretende.

Y es que en palabras del mismo Alto Tribunal “El juez, en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés general” (Sentencia T406/92). En esa lógica, los fallos de la Corte sostienen que estos espectáculos -que de acuerdo con la misma ley de protección animal, Ley 84 de 1989- implican maltrato y muerte de los animales, al vincularse a “expresiones artísticas” presuponen interés general de los colombianos.

En esta discusión están enfrentados, de un lado, el derecho fundamental a la libertad de expresión y de otro, bueno… el no-derecho de los animales a no sufrir. Es una pelea de ‘tigre con burro amarrado’, porque mientras el primero cuenta con toda una súper y supra maquinaria jurídica, los animales siguen siendo calificados como cosas en la legislación colombiana y así reiterado por la Corte Constitucional, con lo cual, entre la libertad de expresarse a costa del maltrato y muerte con dolor de los animales y la no consideración de su sufrimiento, no hay tan siquiera un mismo nivel de discusión argumentativa.

Con todo, es innegable el creciente interés ciudadano en que los animales no sean sometidos a tratos crueles o a la muerte solo por satisfacer el deseo de quienes disfrutan dichos espectáculos ha venido incrementándose sustancialmente. Basta recordar que en las recientes elecciones de alcaldes y gobernadores, una de las preguntas más frecuentes en las urnas de Bogotá D.C. era por la papeleta por consulta para “defender los animales”.

Por fortuna el Derecho es dúctil, dinámico y se reconstruye y reinventa conforme las prácticas y la moral social lo van demandando. Ejemplo de ello son los fallos del Consejo de Estado en los cuales pone de presente la necesidad de un cambio en la forma en que valoramos a los animales, de tal suerte que inclusive los considera sujetos de derecho, justamente por su capacidad de sentir dolor y placer, así como por el llamado moral humano a evitar el padecimiento de otros.

Con independencia de la discusión propiamente legal sobre los procesos que deben agotarse para la prohibición o no de este tipo de actividades, las derivas éticas de los fallos de la Corte Constitucional en relación con la importancia moral que reviste el sufrimiento injustificado de un ser vivo deja mucho que desear sobre los criterios de justicia en los que se sustentan dichas decisiones. En el Imperio Romano las luchas de los animales feroces contra condenados a muerte o cristianos en los coliseos era una forma de diversión para el pueblo y socialmente aceptada en ese entonces. Hoy sería un delito.

Así las cosas, más allá de la excepcionalmente eficiente gestión de la Alcaldía de Bogotá D.C. para que la Plaza de Toros de Santamaría abra nuevamente sus puertas a la tauromaquia, lo que realmente nos debe cuestionar es si como sociedad estamos dispuestos a asumir el costo moral de que otros seres vivos sufran para nuestra simple diversión, costo que termina por concretarse en una sociedad insensible al dolor ajeno. Una motivación fútil para el ser humano y una vital para un animal.

La solidaridad es uno de los principios en los que se funda el Estado Social de Derecho colombiano y tienen una inmensa relación con los criterios de justicia ambientales y animales. El sufrimiento es una sensación que percibimos por igual animales humanos y no humanos, y justamente es el sentimiento solidario o empático el que nos mueve a rechazar el maltrato animal porque sabemos qué es el dolor e instintivamente buscamos evitarlo. Esta circunstancia pone la discusión jurídica en otro plano: hay una evidente tensión entre el principio constitucional de solidaridad y el derecho fundamental a la libertad de expresión (en este escenario moralmente muy cuestionable), de lo cual no se ha ocupado el Alto Tribunal Constitucional en ninguna de sus sentencias.

Así, pese a que la Corte Constitucional haya declarado la constitucionalidad de las prácticas ya mencionadas, bien le haría justicia a la Constitución Política si el análisis de constitucionalidad de estas prácticas se evaluara a la luz del contenido normativo del principio de solidaridad, con lo cual se armonizaría la legalidad y la justicia. Será que acaso ¿no seríamos una mejor sociedad, una más justa, si elimináramos toda forma de maltrato y dolor moralmente injustificado?

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