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Los Resguardos indígenas de Puerto Córdoba, Comeyafú y Camaritagua habitados por trece etnias indígenas de la Amazonía colombiana y ubicados en el departamento de Amazonas, recuperaron 44.850 Ha de su territorio ancestral que se suman a  69.877 Ha, en un proceso formalizado por la Agencia Nacional de Tierras.

Los tres resguardos ampliados están ubicados específicamente en el área no municipalizada de La Pedrera, muy cerca de la frontera con Brasil. Puerto Córdoba con la ampliación, limita al norte con el río Apaporis, al sur con el río Caquetá, al occidente con el resguardo Mirití Paraná y al oriente con el resguardo Comeyafú, este último, limita al norte con el río Apaporis, al sur con el río Caquetá, al occidente con el resguardo Puerto Córdoba y al oriente con la República Federativa de Brasil; y Camaritagua limita al norte con el río Caquetá, al sur con el Parque Nacional Natural Río Puré, al occidente con el resguardo Curare – Los Ingleses y al oriente con la Reserva Forestal de la Amazonía.

Puerto Córdoba y Comeyafú fueron constituidos como Resguardos Indígenas en septiembre de 1985. En el caso de Camaritagua se constituyó en el año 2002. Juntos albergan una importante diversidad cultural: trece pueblos indígenas viven allí, dentro de los que se encuentran la etnia Bora, Barasano, Carijona, Cubeo, Letuama, Miraña, Matapi, Macuna, Tatuyo, Tariano, Tanimuca, Uitoto y Yucuna.

El ejercicio de representación política y gobierno propio de estos tres resguardos se realiza a través de Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas -AATI-. Para este caso, las AATI beneficiadas directamente por las ampliaciones de los resguardos son ACIMA y AIPEA. Y por su colindancia y ejercicio conjunto de la gobernanza territorial, es considerado también un logro significativo para ACIYA y ACIYAVA.

La historia

Aunque por Ley Natural los territorios indígenas les pertenecen a los pueblos indígenas que los habitan, cuando se constituyeron los tres resguardos algunas áreas no se incluyeron en la delimitación y quedaron sin  protección jurídica. Así, y con el fin garantizar la protección integral de sus territorios, las Autoridades Indígenas adelantaron las solicitudes de ampliación de los Resguardos, inicialmente ante el INCORA (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria) la entidad encargada de los procedimientos de titulación en esa época, y, posteriormente, ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. Sin embargo, transcurrieron más de 20 años sin que la entidad competente realizara los trámites.

Desde 2010, la zona se ha visto afectada por procesos de minería ilegal y en los últimos tres años por la presencia de grupos armados ilegales. En marzo de 2016, la situación se hizo más compleja, debido a que entre personas no indígenas se realizó la compraventa de una porción del territorio aún no formalizado legalmente, amenazando la integridad de este territorio.

Gracias al apoyo técnico, jurídico y financiero de la Fundación Gaia Amazonas, AIPEA y ACIMA acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras –URT, quien inició la primera acción judicial para la restitución de sus derechos territoriales. Gaia Amazonas brindó el acompañamiento técnico y el soporte financiero a las comunidades para la realización de las reuniones internas y las gestiones externas, al tiempo que facilitó los medios logísticos para que la ANT y el Ministerio de Ambiente realizaran los procedimientos de ampliación conforme a la ley.

 

 

 

 

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