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El pulso que se da por el nombramiento del director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene su origen en lo estratégico que es ese cargo para las aspiraciones presidenciales y los réditos electorales.

La manera más habitual de hacer campaña política desde un alto cargo estatal es a través de la inversión de recursos públicos, es supremamente sencillo, lo único que se necesita es hacer pensar a las comunidades de tal manera que cuando un funcionario inaugure una nueva carretera, un puente o cualquier obra de infraestructura, parezca que no es el estado cumpliendo con su deber y obligación sino la magnificencia y grandeza del funcionario al que debemos honrar con alabanzas y votos.

Pero para poder inaugurar tantas obras de infraestructura, antes hay que construirlas y para ello se tiene que cursar una serie de trámites de ley, uno de ellos es la Licencia Ambiental.

Cuando las obras son de alto impacto y de gran envergadura, las autoridades ambientales regionales (CAR’s), son tenidas en cuenta apenas tangencialmente en el proceso gracias a que se les quitó la competencia sobre los proyectos productivos de gran envergadura como minería, hidrocarburos, infraestructura etc.

Los llamados proyectos PINES, pretendían desconocer la injerencia que podían tener los entes territoriales y las autoridades regionales y otorgársele la competencia, potestad y decisión a una sola voz, la de la ANLA, finalmente, la del director de la ANLA, finalmente la del Vicepresidente Vargas Lleras.

Pero las alas de ese artículo 51 de la ley del Plan de Desarrollo presidencialista, centralista y que desconocía las voluntades y necesidades regionales fue sepultado por la sentencia C-035 de 2016, de la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de tan conveniente norma para las pretensiones electorales de Vargas Lleras.

La Corte sentenció: “Cuando se restringe la competencia de las CAR para expedir licencias ambientales, y se le asigna exclusivamente a una entidad del orden nacional, como es el caso de la ANLA, implica un conflicto o tensión entre el carácter unitario del Estado y los principios de descentralización, participación y autonomía”.

Entonces la competencia para evaluar desde los diferentes ángulos la viabilidad o no del proyecto a licenciar en temas sociales, biológicas, ingenieriles, etc., queda en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, entidad creada en el año 2012 con autonomía financiera, técnica y administrativa para ser quien, a través de los conceptos de profesionales expertos en las áreas susceptibles de análisis, determinen si es conveniente desde todos los puntos de vista otorgarle vía libre para su ejecución o por el contrario se le da concepto negativo que evite su puesta en marcha.

Es evidente que la ANLA es una herramienta fundamental para los intereses de aquel político que pretenda hacer campaña presidencial desde su ejercicio como funcionario público, el vicepresidente, efectivamente podría dedicarse a seguir inaugurando obras de infraestructura que permitan confundir a los electores entre percibir un cumplimiento de las funciones del estado, con la magnificencia de un implícito candidato al que se debe lealtad, votos, halagos y hasta alabanzas.

Valiente el ministro entrante de Medio Ambiente Murillo que ha sido capaz de sentar desde el principio posiciones al respecto y preferir un técnico al frente de tan delicada labor como la es liderar la entidad de la cual no sólo dependen las obras de un funcionario en campaña permanente, de esa entidad depende el futuro de las generaciones de colombianos que aún no han nacido, pues sin la protección adecuada de los recursos naturales, no habrá actividad económica alguna que pueda sustentar la vida de los ciudadanos.

Al pertenecer al mismo partido político del Vicepresidente Germán Vargas Lleras, muchos creímos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no iba a ser cosa diferente a un comando de campaña del Vice Vargas. Murillo demoró menos de un mes en ejercicio para demostrar a la opinión pública nacional que llegó a hacer el trabajo que no fue capaz de hacer su antecesor, quien con posiciones cómplices y tibias secundó la destrucción de los ecosistemas estratégicos del país, como uno de los tantos ejemplos, todos los colombianos recordaremos la complicidad con EMGESA para inundar 8.500 hectáreas de bosque seco tropical en abierta desobediencia a las advertencias técnicas que se le hicieron en repetidas ocasiones por parte de la academia, de los entes territoriales e incluso de la autoridad regional en el Huila, la CAM.

Murillo llegó a hacer su trabajo y para tal fin tomó decisiones tan valientes como drásticas frente a la entidad cuya honorabilidad es la más cuestionada de todo el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Fernando Iregui Mejía – Director saliente de la ANLA
Fernando Iregui Mejía – Director saliente de la ANLA
Lo primero es quitar de inmediato a su director, cuyas cuestionables actuaciones son conocidas por todo el país frente a casos tan sonados como El Proyecto Hidroeléctrico El Porvenir II, La Refinería de Cartagena REFICAR, el sonado caso de El Quimbo, entre muchas otras. En su lugar, nombrar al ingeniero Rodrigo Suárez, funcionario que más que obedecer, se inclina por hacer su trabajo desde lo técnico.

La segunda decisión es reorientar y fortalecer los términos de referencia para las licencias ambientales solicitadas por las empresas del sector privado y las entidades del sector público con miras al desarrollo de proyectos susceptibles de este tipo de trámites.

Lo tercero es poner en funcionamiento el Comité Técnico Consultivo, creado mediante Decreto 3573 de 2011, para que aquellos proyectos de alto impacto social, económico y/o ambiental sean evaluados por una serie de expertos interdisciplinares que ofrecen rigor, credibilidad y certeza científica a cada una de las decisiones tan delicadas.

Pero ese pulso que existe entre el segundo al mando (a veces pareciera el primero) del gobierno de Juan Manuel Santos y un funcionario que al parecer no obedece a pretensiones electorales por encima del bienestar colectivo es una batalla tan cruda como determinante para el futuro del país.

El afán de Vargas Lleras de que un tipo Iregui permanezca al frente de la dirección de la entidad es trascendental para su pretensiones políticas, pues es él quien finalmente permite que el Vice siga inaugurando cualquier cantidad de obras que lo catapultan, con la ejecución de dineros públicos, como el más promisorio sucesor de Santos Calderón en la Casa de Nariño. Iregui ha demostrado que lo que mejor sabe hacer frente a la ANLA es ‘caso’.

De llegar a ganar el pulso Vargas, imponiendo la continuidad de Fernando Iregui al frente de la ANLA, pone en peligro el presente y el futuro de la economía de todo un país que se sustenta de la salud de sus ecosistemas y recursos naturales, pero también pone en riesgo la vida, la seguridad alimentaria e incluso las tradiciones culturales de las comunidades, pues las conexiones vitales de los ecosistemas y los recursos naturales se verán en grave riesgo de deterioro permanente.

Será el presidente de la República quien determine qué prefiere, un funcionario que desde lo político simplemente ‘haga caso’ o uno que desde lo técnico haga su trabajo.

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