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Artículo de Margarita Fontecha. Agencia de Prensa Mongabay

En 2013, cuando se cumplieron 20 años de la Ley 70, ley que reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afro en el Pacífico colombiano, el gobierno anunció la necesidad y prioridad de reglamentar los capítulos de acceso a recursos naturales y minería. Han pasado 3 años más y aún la reglamentación no ha sido implementada, lo que crea un limbo jurídico donde es difícil y confuso actuar en diferentes temas.

Sin embargo, la falta de reglamentación no ha sido excusa para que estas comunidades busquen alternativas de desarrollo para sus pueblos. Sostenibles o no, en el Pacífico colombiano abundan nuevos proyectos y programas para alcanzar mejores niveles de vida. Esta ley les dio la posibilidad a las comunidades negras de acceder legalmente a un territorio que habitaban desde los tiempos de la colonia y también les permite hoy gestionar su territorio y autonomía para organizarse jurídicamente.
Una de estas alternativas ha sido REDD+. Colombia tiene 9 iniciativas de este tipo en el Chocó Biogeográfico, es decir, la zona que va desde la región del Darién al este de Panamá, a lo largo de la costa pacífica de Colombia y Ecuador, hasta la esquina noroccidental de Perú. De estas 9 iniciativas 1 está verificada y las otras 8 validadas. Colombia tiene el único proyecto de venta de bonos de carbono en el mundo que ha sido verificado en territorio colectivo y es el de Acandí (Chocó), se espera que las otras 8 iniciativas de carácter comunitario sigan este camino en los próximo meses.

Cuando se afirma que un proyecto es validado es porque ha cumplido con una serie de pasos. En otras palabras, la validación permite estimar cuántas toneladas de carbono se esperan dejar de emitir, qué actividades se necesitan para evitar esas emisiones y se requiere que la organización ordene los temas administrativos y financieros. Por su parte, la verificación es la evaluación de ese proyecto. Organismos internacionales realizan este proceso, el cual pretende corroborar que el proyecto ha hecho lo que dijo durante la fase de validación. Además, se miden los impactos ambientales y sociales que ha tenido.

Los bonos de carbono de Acandí

El Pacífico colombiano es muy importante en términos de conservación para el planeta de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Aproximadamente 9000 especies de plantas, 200 especies de mamíferos, 600 tipos especies de aves y 120 especies de anfibios habitan este territorio tan biodiverso.

De acuerdo con Natalia Arango, directora técnica de Fondo Acción, ONG que acompaña los 8 proyectos que están en la fase de verificación, el reto más complejo es comprobar que efectivamente no se ha tumbado el bosque. “Cuando se hace la validación se promete que se va a hacer algo, cuando te verifican es que te toman la lección y corroboran que lo que prometiste se haya cumplido”, explica Arango. Así, mantener los árboles en pie implica cambiar hábitos en las comunidades, implementar alternativas productivas, generar mayor compromiso y responsabilidad de la comunidad frente al territorio.

El reto se complica si se tiene en cuenta que los 8 proyectos en fase de verificación tienen 692 000 hectáreas que deben ser administradas, además, la responsabilidad de que el proyecto continúe recae en cerca de 17 000 familias que participan del mismo. Esto sin tomar en cuenta actividades legales e ilegales en la zona como: la minería, la tala de árboles, los cultivos ilícitos de coca, etc. Según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, la producción de este tipo de cultivos en Colombia ha crecido 39,% entre los años 2014 y 2015. En zonas como Tumaco, donde existe actualmente un proyecto de este tipo, hay 16 990 hectáreas de hoja de coca, que representan el 17 % de la producción nacional.

A pesar de este panorama, las comunidades que se preparan para verificar los proyectos REDD+ están fortaleciendo algunas cadenas productivas que les permitan cambiar el corte de árboles por nuevas opciones como la pesca y los programas silvopastoriles. A estas actividades se suman también los cultivos de açai, cacao, arroz y plátano, todos estos forman parte de las nuevas apuestas por la conservación


Proyecto REDD en Acandí Choco. Foto Fondo Acción.
“Dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos esta lucha la ganamos”

Este es el lema tradicional de las comunidades negras del Pacífico, y Everildys Córdoba es una de sus líderes más representativas. Córdoba integra el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera Sur (Cocomasur), Consejo que hoy tiene el orgullo de contar con el único proyecto verificado en el país para la venta de bonos de carbono. Este proyecto conserva cerca de 13 000 hectáreas de bosque en la región del Chocó, Darién. Si bien como Everildys Córdoba reconoce hoy en día, “nos creen”, el arranque de REDD+ en la región fue una lucha y hoy es un desafío constante a la perseverancia.

Brodie Ferguson, director de Antrotecht, empresa colombiana dedicada a temas de conservación, quería trabajar con Cocomasur la creación del primer proyecto de este tipo. Antes de hacer las cosas, lo más importante fue construir y fortalecer la confianza con la comunidad sobre la base de que era un proyecto transparente y tendría beneficios para ambos. Su sueño nació mientras hacía su doctorado acerca de los problemas de la tierra en el Urabá y Chocó, y se dio cuenta que el modelo de explotación ganadera y de tala no era rentable para las familias de la zona, mientras que el mercado voluntario de carbono podría ser una opción.

En este proceso de construir confianza, Córdoba fue una de las que se puso la camiseta por el proyecto y a pesar de sus dudas sobre el éxito de la iniciativa, se subió a un caballo y, acompañada de Brodie Ferguson y otros miembros de la comunidad, empezó a recorrer todas las veredas que forman parte del Consejo para explicarles a los pobladores el significado del mecanismo REDD+. En Colombia se llama veredas a los pequeños pueblos o villas que conforman el municipio. Dibujos, canciones, coplas y sobre todo talleres para hablar sobre las expectativas fueron la clave para que en Sapzurro, el 9 de octubre de 2010, 96 representantes de las veredas dieran el sí para tener un proyecto REDD+ en el territorio.

“Una de las cosas que más nos ayudó fue mostrarle a la gente que este proyecto podría traer beneficios económicos. Además, era soñar con la oportunidad de que si constituíamos un proyecto que generara empleo no íbamos a depender de los políticos para un puesto”, cuenta Everildys.

En 2012 Cocomasur logró poner a la venta 100 000 créditos de carbono en el marco del mercado voluntario, es decir, aquel donde se paga una suma de dinero a aquellos proyectos que demuestren que están deteniendo la deforestación y degradación de los bosques. Sin embargo y a pesar de las expectativas, el hecho de que siga siendo un mercado voluntario no tiene el impacto esperado por las comunidades y aunque ha habido esfuerzos en las diferentes cumbres de cambio climático, el tema es que el mercado no ha recibido un estímulo para lograr incentivar la compra de bonos de carbono por parte de la empresa privada, por ejemplo.

Cocomasur tenía en el 2013 alrededor de 90 000 créditos de carbono certificados. De estos el 90 % fue vendido, según cifras de la comunidad. Actualmente, están buscando los recursos para realizar una segunda verificación y continuar la venta de los mismos.

Así el mayor reto es la supervivencia. “Estamos tratando de lograr una segunda verificación y articularnos con el Estado para trabajar en temas de sostenibilidad del proyecto, para que este proyecto sea parte del portafolio de cambio climático de la nación”, afirma Everildys Córdoba.


Everildys Córdoba líder del proyectoREDD en Chocó, Darién. Foto Fondo Acción
La comunidad de Cajambre y el mercado de carbono

Los otros proyectos REDD+ del país tienen retos cruciales para demostrarles a los verificadores internacionales que es posible conservar y generar desarrollo al mismo tiempo. De acuerdo con Daniel Góez, líder del Consejo Comunitario del Río Cajambre, “yo sé que lo vamos a lograr, podemos demostrar que la deforestación ha bajado y los indicadores de referencia que tiene la metodología nos favorecen, porque son con respecto a todo el Pacífico, no a una zona en particular”. Así, esta zona podría demostrar que con respecto al Pacífico, cuya tasa de deforestación es de aproximadamente 13 855 hectáreas anuales, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la tasa de Cajambre se ha mantenido o, incluso, reducido.

En diciembre de 2012 esta comunidad de 75 000 hectáreas se propuso la tarea de construir un territorio mejor. La primera acción de conservación que aplicó el consejo comunitario fue en 2008, durante la realización del plan forestal de la región. Uno de los hallazgos más importantes fue que a pesar de que había mucha madera disponible, esta no tenía la calidad y dimensiones necesarias para crear una empresa maderera, debido a esto la comunidad empezó a buscar otras opciones de sostenimiento.

En 2011 inició el programa BioREDD+, financiado por la agencia de cooperación de los Estados Unidos (USAID) y quien actualmente aporta los recursos para que se haga la verificación de los proyectos validados. Este programa buscaba preparar a las comunidades que quisieran en la construcción de su propio proyecto REDD+ y encaminarlos en la fase de preparación a la verificación. Cajambre arrancó la consolidación del proyecto y hoy está muy cerca de convertirse en un nuevo proyecto verificado. Actualmente, el proyecto tiene el potencial de evitar que 288 000 toneladas de carbono sean liberadas en la atmósfera.

No obstante, para Daniel Góez una de las mayores preocupaciones es que a pesar del tiempo que se ha tomado la realización del proyecto, solo 20 personas de cerca de 729 familias saben de qué se trata. “El problema está en la metodología. Reuniones y talleres no permiten que personas que no saben leer y escribir comprendan la dimensión de lo que es REDD+”, comenta Daniel, lo cual dificulta la preparación para el examen final. Además, la presencia de empresas ilegales en la zona que cortan madera sin ningún control ha hecho vulnerable la meta de la comunidad. “La corporación autónoma, que es la autoridad local, no tiene la fuerza para detenerlos, y nosotros por temas de seguridad preferimos quedarnos quietos”, afirma Daniel.

Mientras la venta de créditos de carbono es una esperanza, una promesa, taladores de madera de la zona ganan aproximadamente entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, aproximadamente 1300 dólares americanos. Como lo reconoce Góez, en estas condiciones cambiar la mentalidad de las personas es muy difícil. Diana Vargas, coordinadora nacional de la Estrategia Nacional REDD+, piensa lo mismo: “los cultivos ilícitos, tala ilegal y minería ilegal tienen unos costos de oportunidad más altos con respecto a las actividades de conservación del bosque. Se necesitan acciones de control y seguimiento, pero además que se procesen esos delitos, ya que los delitos ambientales no tienen los suficientes dientes”.

Vista de la provincia de Cajambre en Colombia, donde los pobladores trabajan para alcanzar la verificación de su proyecto REDD+. Foto: Cortesía Fondo Acción.

Vista de la provincia de Cajambre en Colombia, donde los pobladores trabajan para alcanzar la verificación de su proyecto REDD+. Foto Fondo Acción.
Los nuevos retos de la titulación de tierras

Las zonas donde se encuentran los bosques serán uno de los puntos más complejos en el marco del pos conflicto. Como lo reconoce Diana Vargas, una de las tantas causas del conflicto armado en Colombia fue la propiedad de la tierra. Con la firma del acuerdo de paz uno de los posibles efectos es que nuevas personas lleguen a áreas donde hay proyectos de conservación y estos recursos naturales se afecten, sin embargo, el Ministerio de Ambiente trabaja en encontrar mecanismos de mitigación a este tipo de fenómenos.

A pesar de las dificultades, según Vargas, Colombia, después de Brasil, está liderando el tema de REDD+ en Suramérica. De hecho, el país ha logrado que los recursos de la cooperación internacional lleguen a la nación, gracias al cumplimiento de las metas de reducción de deforestación en zonas como la Amazonía. Al menos 100 millones de dólares, según Diana Vargas, están entrando al país debido al pago por servicios ambientales.

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