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Segunda parte
Desde la misma solicitud de la licencia por parte de EMGESA en 2008, se desatendió el resultado de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas que consideró inviable el proyecto desde el año 1997 presentado por la empresa Betania S.A., propiedad de la misma EMGESA; que ya en el gobierno Uribe se destapó y presentó de nuevo su intención de inundar más de 8.500 hectáreas de tierras con vocación agrícola, pecuaria y de conservación ubicadas en la “Reserva Forestal Protectora de la Amazonía y del Macizo Colombiano”.

En esta oportunidad se evidencian las presuntas irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales de este Quimbo que sin duda alguna, es uno de los proyectos hidroeléctricos más polémicos y controversiales en la historia de Colombia.

En recientes declaraciones al diario El Espectador, Iregui Mejía asegura que: “Hemos sido inflexibles con cumplimiento de normativa ambiental en El Quimbo”, ¿será exacta esta afirmación por parte del director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales?

Este proyecto, cubierto por un manto de dudas pues ante tantos argumentos sobre la inviabilidad e inconveniencia, sólo se conocen con claridad los intereses de la empresa ejecutora, EMGESA, no así los de varios ministros defensores acérrimos de este Quimbo, el Vicepresidente de la República y por supuesto, funcionarios de la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

En lo técnico se violó hasta lo más elemental, la minimización de los impactos ambientales como consecuencia del proyecto, el 25 de junio de 2015, en la inauguración del viaducto ‘Balseadero’, conocido por ser el puente más largo de Colombia, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, frente al presidente Santos, solicitó la puesta en marcha “lo antes posible” del PHEQ, semejante petición fue registrada por los medios de comunicación ante la mirada atónita y desconcertada del gobernador del Huila en ese momento, los alcaldes, el director de la autoridad ambiental en esa región del país, la CAM y muchos huilenses estupefactos.

La ANLA, el 26 de junio de 2015, es decir, sólo un día después de esa petición de Vargas Lleras, modificó la licencia ambiental reduciendo las obligaciones de EMGESA permitiendo el llenado del embalse. Lo delicado en este caso es que la autoridad de licencias entidad que debería velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales diseñadas para minimizar los impactos generados por este tipo de megaproyectos, permitió el llenado sin que EMGESA hubiese retirado la totalidad de la biomasa contenida en las más de 8.500 hectáreas que conforman el área de inundación.

Muchos alcanzaron a especular si tan expedita modificación en la licencia, tan indulgentemente reducidas las obligaciones ambientales que debería cumplir EMGESA, se debían al parentesco entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el presidente de la junta directiva de EMGESA José Antonio Vargas Lleras, la respuesta a esa pregunta quedará por siempre en el aire viciado actualmente por los malos olores que despide El Quimbo como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica que la ANLA le permitió a EMGESA no retirar pudriendo las aguas que inundan lo que otrora fuera un bosque seco tropical, de ese que no queda más del 9% en todo el país.

El investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, el limnólogo Santiago Duque dirigió el estudio que la ANLA solicitó contratar a EMGESA para determinar las acciones a tomar con el fin de minimizar impactos negativos en el río Magdalena y en toda la zona de influencia, Duque manifiesta claramente que “en El Quimbo se cometieron errores graves, la eutrofización actual en la que se encuentran sus aguas, habría podido evitarse si se hubieran atendido las recomendaciones producto de la modelación y el estudio que realizamos por más de tres años para prevenir lo que hoy está sucediendo y no que se atendió”.

Por su parte el profesor José Iván Mujica, biólogo, doctor en ecología y experto en el manejo de la fauna acuática en proyectos hidroeléctricos en Colombia y Centroamérica, aclara que “lo grave no sólo es que el agua esté anóxica (en ausencia total de oxígeno), ahí es delicado porque cuando el oxígeno se agota, para que se pueda seguir descomponiendo la materia orgánica, se genera ácido sulfhídrico, que en muy pequeñas concentraciones se convierte en un compuesto mortal para grandes cantidades de peces”.

Al observar el evidente deterioro del ecosistema, la autoridad ambiental en el Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, manifestó sus inquietudes y desacuerdos con los procedimientos empleados por la ANLA y por EMGESA para poner en funcionamiento este Proyecto hidroeléctrico “sin que se hubiera cumplido con la totalidad de las obligaciones ambientales”, según lo manifestó su director Carlos Alberto Cuellar Medina.

Incluso el Tribunal Administrativo del Huila, profirió una medida preventiva ordenando a EMGESA suspender el llenado del embalse hasta tanto no se fallara de fondo y se constatara si efectivamente se había cumplido o no con la totalidad de sus obligaciones. En un acto de interpretación de la ley, el gobierno nacional emitió un decreto en el que pretendía desautorizar la medida judicial y EMGESA, al verse favorecida por el ejecutivo en cabeza de Santos Calderón y Vargas Lleras, desatendió la medida preventiva.

Posterior a ello la Corte Constitucional sentó jurisprudencia sobre la preponderancia de las decisiones judiciales por encima de los decretos del ejecutivo. Esto motivó dos consecuencias, la primera de ellas fue la detención inmediata en el funcionamiento de El Quimbo, la segunda, que el gobierno adelantara una ofensiva encabezada por los ministros de minas y energías del momento Tomás González y para sorpresa del país, por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López.

El pulso jurídico hasta la fecha lo va ganando el gobierno quien a través del exministro González, interpuso una tutela cuyo objetivo fue poner en funcionamiento de nuevo las turbinas de El Quimbo aduciendo argumentos ampliamente desmentidos por expertos. Multidisciplinarios expertos en la investigación y el conocimiento, no en las jugadas políticas que permitieron la puesta en funcionamiento de El Quimbo nuevamente.

En los últimos días hemos visto cómo el Presidente Santos se dirige al país solicitando que los colombianos ahorremos energía porque debemos disminuir el consumo en un 5%, es paradójico, pues cuando el gobierno arreció su embestida política en favor de los intereses de EMGESA para poner de nuevo en funcionamiento la central hidroeléctrica, se aseguraba que ésta produciría exactamente lo que el presidente nos pide a los ciudadanos que ahorremos: el 5%.

Muy a pesar de tener la capacidad para producir esos 400 MV que se requieren con tanta urgencia por parte del gobierno, el promedio de producción de El Quimbo desde su reapertura es de menos del 1%.

La razón es muy sencilla, tanto EMGESA, como la ANLA saben perfectamente que de producir a ‘full’ capacidad, el desastre ambiental sería de proporciones dantescas, pues verter 400 metros cúbicos por segundo (Mt3/Seg) de aguas anóxicas, podridas y contaminadas con ácido sulfhídrico al Magdalena revelaría claramente que las ‘metidas de pata’ en el otorgamiento de esa licencia ambiental son por decir lo menos, apocalípticas no sólo para la producción de miles de toneladas de tilapias en Betania a tan sólo 14 kilómetros de distancia de El Quimbo, todo el ecosistema sufriría las consecuencias de un proyecto hidroeléctrico considerado inviable desde 1997 y desarrollado a como diera lugar porque en el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado, en el país de la Magia Salvaje, ‘todo vale’ en lo ambiental.

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