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A pesar de que el Tribunal Administrativo del Huila formuló una medida cautelar que impedía a EMGESA poner en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, el gobierno nacional ordenó, mediante el decreto presidencial 1979 del 6 de octubre pasado encender las turbinas e iniciar la generación de energía desconociendo la orden judicial.

Si bien es sorprendente que el gobierno pretenda pasar por encima de una orden judicial, beneficiando los intereses de una multinacional por encima de los derechos de los ciudadanos huilenses, lo realmente asombroso, inverosímil y casi risible son los argumentos con los cuales, el ministro de minas Tomás González, pretende explicar a la Corte Constitucional y al país, lo que motivó a que el gobierno incitara a EMGESA a cometer el presunto desacato a una medida judicial.

“El decreto tuvo una motivación y fue la emergencia económica y social que se declaró por el cierre de la frontera con Venezuela, una cantidad de combustible que venía de Venezuela a Colombia, dejó de venir y hubo que atender toda esa demanda de gasolina y diésel con combustibles colombianos”.

El choque entre el decreto y la medida cautelar, es decir, entre un fallo judicial y un decreto que impulsó a un presunto desacato, llegó a la Corte Constitucional que para dirimir tuvo que preguntarse “¿qué relación directa tiene El Quimbo en el Huila con la emergencia económica y social de Norte de Santander?”.

Pues el Ministro de Minas sorprende una vez más con explicaciones tan embolatadas como las expuestas al país sobre el fondo de confiabilidad energética que no resultó ser muy confiable.

En declaraciones a la emisora Blu Radio, Tomás González afirmó que “El decreto lo que dijo es: necesitamos que haya más agua en el río Magdalena, porque si el río está muy bajito, se puede sacar menos combustible en cada planchón, si se abre El Quimbo entra mucha más agua al río y sube lo suficiente para que puedan salir barcazas más grandes con más combustible para la zona de frontera”, puntualizó González Estrada.

Llama poderosamente la atención que sólo existan dos únicas posibilidades para semejante justificación tan rebuscada del ministro González Estrada, pretendiendo explicar un semejante disparate: o tiene un conocimiento vergonzosamente pobre sobre los sistemas hídricos y las relaciones ecosistémicas, o le está tratando de mentir al país de una forma igualmente vergonzosa.

El profesor Santiago Duque, investigador de la Universidad Nacional, experto en limnología y director del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, desmiente esta explicación desde un punto de vista absolutamente técnico alejado de las motivaciones políticas y/o económicas que se derivan de la toma de este tipo de decisiones desde el alto gobierno.

“En primer lugar, los embalses no sueltan agua por soltar, esa agua vale oro, ellos sueltan agua para producir energía, no la sueltan todo el tiempo, todos los días, obedece a cuánto del embalse entre en operación dependiendo del sistema de interconexión eléctrica”, afirma Santiago Duque, lo cual deja ver que el nivel del río tiene unas variaciones de caudal según la oferta y la demanda no sólo de agua, también de energía.

El profesor Duque explica, además, que “un río regulado, fluctúa de manera intermitente, cuando se tienen elevaciones intermitentes, tiene unos efecto aguas abajo en un cierto tramo del río, de unos pocos kilómetros, pero de ahí para allá, vuelve y se diluye. Es decir, que el efecto de unos embalses aguas arribe no va a generar un efecto para nada significativo aguas abajo” afirmó el experto limnólogo.

Para decir mentiras, al menos este tipo de mentiras, que incitan al desacato de las medidas judiciales, al menos se debería orquestar bien el engaño desde el alto gobierno, pues sería mucho más efectivo si se le pidiera a todos los actores de gobierno mentir sobre los niveles del río, aunque a mi parecer, sería imposible llegar al punto de corromper hasta la veracidad de los institutos de investigación científica como el IDEAM.

Al contrastar las afirmaciones del profesor Santiago Duque, para ponerlo en cifras reales con los datos arrojados por las estaciones hidrometeorológicas del IDEAM (entidad de gobierno), se puede observar que en la estación de Puente Santander se registran 488.38 m3/s de caudal medio, esta estación se encuentra posterior a El Quimbo y Betania, mientras que en la estación de Puerto Berrío, el caudal medio registrado es de más de 2400 m3/s y finalmente en Calamar Atlántico, estación registra más de 7200 m3/seg. Queda claro que las explicaciones técnicas del ministro González, carecen de argumentos técnicos, lo que no queda claro son las implicaciones que tiene mentirle al país y a la Corte Constitucional con argumentos fácil y vergonzosamente rebatibles.

El profesor Duque además explica que “los tributarios que tiene el Magdalena en las cuencas media y baja, es decir, mucho más abajo de Neiva, compensan por mucho el volumen de agua que puedan estar soltando El Quimbo y Betania, pero los tributarios del Magdalena están tan severamente afectados aguas abajo, que es ahí en donde está el inconveniente, es un problema más general y no tan específico como quiere hacerlo el ministro”.

Pero no sólo el Ministro González le miente al país, también se evidencia la laxitud e incluso no se sabe claramente si es complacencia y/o complicidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con el incumplimiento en las obligaciones por parte de la empresa EMGESA.

El magistrado Ramiro Aponte Pino explica en el fallo judicial que “es menester colegir que la problemática aún persiste; puesto que a Emgesa le correspondía retirar 210.449 m3 de madera, no obstante que ha reportado la extracción de un volumen superior (241.049 m3), los técnicos de la CAM (Corporación Autónoma Regional) únicamente pudieron establecer 165.975.45 m3, quedando un saldo de 44.473.55 m3 pendiente de justificar”.

“La recomendación consignada en el Estudio de Impacto Ambiental es que la biomasa debe ser retirada en su totalidad del vaso del embalse para minimizar los impactos ambientales adversos y evitar la degradación en la calidad del agua del río Magdalena, eso está allí y no se hizo”, afirma el profesor Duque, director del estudio de Impacto Ambiental contratado por EMGESA como parte de las obligaciones de la licencia ambiental otorgada por la ANLA.

A pesar de ello, tan pronto el gobierno conoció el sentido del fallo de la Corte Constitucional, con sorprendente inmediatez, llegaron de sorpresa al Huila los ministros de Ambiente, Gabriel Vallejo y de minas Tomás González para “tener una reunión absolutamente informal” con los magistrados Ramiro Aponte y Enrique Dussán, según lo manifestó el mismo Vallejo López quien además agregó que, “nosotros tenemos una información por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales diferente, tenemos también los estudios técnicos pero son parte del proceso que los magistrados están revisando, la ANLA ha hecho un estudio muy detallado en este sentido en términos de lo que se plantea por parte de la autoridad se ha cumplido con el número de biomasa que se debe retirar”.

Es tan diferente la información que sustenta la ANLA que desde Bogotá se desconocen los malos olores reportados por los pobladores cercanos al proyecto hidroeléctrico y por los que transitan por el Viaducto Balseadero ‘el puente más largo de Colombia’, menos mal que esa obra se inauguró antes de que las aguas del Magdalena se pudrieran, de lo contrario, habría dado pena con el señor Presidente, el señor Vicepresidente y toda la delegación que dio apretura a tan magnífica obra que hubiesen tenido que soportar los fétidos olores que meses después la ANLA permitiera.

No sólo la ANLA permite que EMGESA incumpla con sus obligaciones, no sólo el gobierno nacional expide un decreto pretendiendo desconocer un medida judicial, no sólo debemos ver cómo se adelantan proyectos productivos de multinacionales sin importar las afectaciones a la “magia salvaje”, sino que además tenemos que escuchar expresiones como la del ministro de minas y energías, Tomás González como esta: “botar agua sin generar energía es como desperdiciar comida en época de hambruna”.

No se compadece con el conocimiento técnico que debería tener un ministro de minas y energía. Que alguien le explique al señor ministro que el agua no se “bota”, se reconoce su libre tránsito permitiendo el caudal ecológico que se truncó afectando dramáticamente la calidad del agua por construir proyectos productivos a cualquier costo ambiental, pasando por encima de las comunidades y poniendo en riesgo el bienestar y equilibrio ecosistémico.

En conclusión, la ANLA solicita un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para determinar cuáles son las acciones que se deben emprender para disminuir al máximo las afectaciones ambientales, pero este estudio es ignorado por la ANLA que adicionalmente le reduce las obligaciones ambientales a EMGESA y a pesar de medidas judiciales que impiden la entrada en operación, el gobierno nacional intenta brincarse la justicia a través de explicaciones infantiles del ministro de Minas y Energía Tomás González Estrada.

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