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Colombia conoció el primer diagnóstico de Mercados Ambientales Emergentes, un análisis que revela, entre otros datos, cómo desde 1994 los entes territoriales han invertido 372 mil millones de pesos en adquirir y mantener 269.000 hectáreas en cuencas que abastecen sus acueductos, una estrategia que corresponde al esquema de mercados obligatorios que adoptó el país, pero que no es el único.

Durante tres años, el proyecto Mercados Ambientales, cofinanciado por la Fundación MacArthur, ha venido trabajando en la comprensión de los mecanismos que se requieren para escalar y dinamizar los Mercados Ambientales en Colombia como estrategias de conservación.

Fondo Acción, Fundepúblico y Wildlife Conservation Society (WCS), organizaciones ejecutoras del proyecto han  trabajado y analizado los esquemas de pagos por servicios ambientales, la inversión del 1% de proyectos licenciados, la adquisición de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico y las compensaciones por pérdida de biodiversidad.

El programa generó el primer diagnóstico para el país sobre la evolución de instrumentos económicos ambientales, seguido por unas recomendaciones para afrontar las problemáticas más importantes y recurrentes en estos mercados. Igualmente, propuso unos lineamientos y herramientas que procuran facilitar la implementación de estos instrumentos y mejorar su impacto y sostenibilidad.

Según, Mariana Sarmiento, directora de programas ambientales de Fundepúblico, uno de los retos más grandes que tiene el país para potencializar los Mercados Ambientales es el acceso a la información, “la existencia limitada de datos fue un obstáculo en la elaboración del diagnóstico”, afirmó Sarmiento.

Los mercados ambientales son, sin embargo,  una oportunidad para resolver conflictos que surgen de la relación entre la búsqueda del desarrollo y la conservación de los recursos naturales. Estos mercados pretenden generar alternativas económicas eficientes que beneficien a comunidades, empresas y gobiernos con el fin de conservar la biodiversidad, mejorar la calidad del agua, regular caudales o fijar carbono.

El diagnóstico revela en torno al sector de hidrocarburos, el cual, de acuerdo a una muestra de 59 licencias ambientales aprobadas desde el año 2013, debe compensar el 94,5% del total de requerimientos sobre compensaciones por pérdida de la biodiversidad que se generaron entre 2012 y 2015.

Según Luisa Lema Vélez, coordinadora de política pública de Fondo Acción “las cifras que arroja este diagnóstico, sin duda, serán un insumo valioso para continuar avanzando en políticas públicas y gestión que garantice el desarrollo del país en armonía con la conservación de sus recursos naturales”.

Agregó que “Los instrumentos económicos para la conservación existen desde hace muchos años en el país, sin embargo no contábamos con información agregada que nos permitiera ponderar su peso en la gestión ambiental”.

Silvia Calderón, subdirectora de desarrollo rural sostenible del DNP hizo referencia a los estímulos que ofrece el Ministerio de Medio Ambiente y Sostenibilidad para que el sector privado invierta en servicios ambientales voluntarios. Y, detalló sobre cómo estos estímulos pueden ser diferentes en cada región del país.

Por esto, para que los mercados ambientales se consoliden es fundamental la participación del sector privado, la cual debe ir más allá de las obligaciones legales.

Giovanna Londoño, Directora de Sostenibilidad Corporativa de ISA, aseguró que el papel de las empresas es sumamente importante para la conservación y afirmó que ISA tiene como prioridad las demandas que exige el postconflico en términos ambientales.

Los productos entregados por el proyecto Mercados Ambientales Emergentes para Colombia llega en un momento particularmente relevante para el país dada la intención del Gobierno de poner en marcha una estrategia de crecimiento verde, de los avances en las políticas de pagos por servicios ambientales y de los nuevos escenarios de construcción de paz.

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