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La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación”. Así las cosas, la Contraloría es la que vela para que no existan detrimentos fiscales en los recursos públicos de nuestro país.

Sin embargo, de vieja data existe un interés velado, socarrón y solapado que cada día se hace menos disimulado y más marrullero en contra de las Corporaciones Autónomas Regionales en el país.

Empecemos por el principio, nadie podría negar que algunas de las CAR han cometido y siguen cometiendo actos de corrupción, ya sea en el ejercicio del otorgamiento de contratos, en sus funciones de autoridad ambiental o bien sea en el licenciamiento, permisos y trámites ambientales, no sólo corruptas, también inoperantes y flojas administrativamente, olvidadizos de que un funcionario público es, como decía Jaime Garzón, “para que le funcione al público”.

Sin embargo, así como hay algunas pocas que son así, hay otras excepcionales que cumplen con sus funciones tal vez podríamos llamarlo, de manera heroica, con presupuestos ínfimos, como todos los que se le asignan al sector ambiental, la cultura y la investigación.

Para muchos la estrategia de la Contraloría General de la República de atacar sistemáticamente a las CAR, obedece a un mandado que le están haciendo al gobierno nacional para el cuál estas entidades son incómodas, pues en diversas ocasiones, aquellas que sí hacen la tarea bien hecha, han impedido el detrimento patrimonial natural de los colombianos amenazado por proyectos avalados por el gobierno y amañados en entidades de su resorte como la impopular Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.

No es suficiente para la Contraloría emitir y publicitar los conceptos en referencia a los ‘hallazgos’ encontrados en las CAR de una manera parcial y descontextualizada, realizan programas de televisión y hasta lanzan campañas y encuestas en redes sociales de la manera más descarada buscando el rechazo de las comunidades por sus autoridades ambientales.

No sé si la estrategia de gobernar ahora, en tiempos en los que las finanzas no andan muy bien, sea deslegitimando las instituciones del estado que no están bajo el mando de quienes quieren pavimentar el país, hacer hidroeléctricas sin las mínimas consideraciones sociales y ambientales y por supuesto desarrollar proyectos de extracción de hidrocarburos no convencionales (fracking), lo cierto es que las CAR, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible son el palo en la rueda para que en Colombia los ‘Yihadistas de la minería, la infraestructura y el petróleo’, o aquellos de la filosofía del ‘todo vale’, acaben con lo único en lo que Colombia es potencia mundial: en biodiversidad.

Qué sería de Colombia, del Huila y del río Magdalena si la CAM, no hubiese puestos los puntos sobre las íes con respecto a la vagabundería que pretendían hacer Gabriel Vallejo, exministro de Ambiente, Tomás González, ex ministro de minas y energía y Fernando Iregui, exdirector de la ANLA en El Quimbo, por mandado del vicepresidente Vargas Lleras?, quien a su vez es hermano menor del presidente de la junta directiva de EMGESA, multinacional que desarrolla el proyecto.

Lo curioso es que la Contraloría General de la República no sea tan acuciosa en sus investigaciones y publicidad de ‘hallazgos’ en esas entidades como la ANLA de la cual, cualquier observador bien intencionado, podría suponer que están causando un gravísimo detrimento patrimonial al estado al otorgar licencias que fácilmente pueden ser revocadas, como aquella en la que le permitieron a la empresa Hupecol, realizar exploraciones en una zona colindante con cuatro áreas protegidas y de manejo especial, nada más y nada menos que la zona de interconexión entre las regiones andina, amazónica y orinoquense, la empresa bien podría demandar al estado aduciendo que no hay seguridad jurídica, pero la Contraloría se hace la de las gafas.

En resumidas cuentas, el gobierno nacional debe estar muy agradecido con el señor Edgardo Maya Villazón por el mandado que le está haciendo permanentemente al satanizar ante la opinión pública y generalizar afirmando que todas las autoridades ambientales regionales son corruptas.

Sería magnífico ver publicitadas también aquellas investigaciones de la Auditoría General de la República cuyo objeto constitucional es ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de República y de las contralorías departamentales, distritales y municipales. magnífico sería ver que la Contraloría no posa de ‘mamasanta’.

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